Comunicado de la Universidad Católica Andrés Bello, ante la represión y criminialización de las protestas pacíficas en Venezuela

21 de abril, 2017/El Rector de la Universidad Católica Andrés Bello en unión de su Canciller, Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, y su Vicecanciller, P. Rafael Garrido, Provincial de la Compañía de Jesús, se dirigen a la opinión pública para emitir el siguiente comunicado.

La Universidad Católica, nacida del Corazón de la Iglesia, no debe ni puede permanecer callada frente a la violación de derechos humanos y la impunidad. Ante el rostro sufriente de Cristo, que veneramos en estos días de Semana Santa, escuchamos en nuestra conciencia, con la misma insistencia, la voz de Dios que reclama a Caín: “La sangre de tu hermano clama desde el suelo hasta mí”

De acuerdo con los señalamientos de la Fiscal General de la República y la comunidad internacional, Venezuela sufre una grave ruptura del orden constitucional, que lamentablemente no ha sido subsanada, lo cual agrava profundamente la convivencia democrática y cuestiona la existencia de un “Estado Social de Derecho y de Justicia”.

El desconocimiento a la Asamblea Nacional y su bloqueo permanente es totalmente inaceptable. Como lo expresó la Conferencia Episcopal Venezolana, “una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma”. Desconocer la existencia del otro y sus derechos, es sencillamente destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural.

Frente a esta situación, la gente, y muy especialmente los jóvenes universitarios, han decidido protestar y reclamar sus derechos. Protestar no es un delito, es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado, como lo establece nuestra Constitución.

En concreto, los ciudadanos que han salido a protestar exigen:

• Reconocer plenamente a la Asamblea Nacional y restituir todas sus funciones.
• Convocar a elecciones regionales y municipales de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional, con garantías plenas.
• Levantar la inconstitucional inhabilitación política dictada contra el gobernador Henrique Capriles.
• Conceder libertad plena de los presos políticos.
• Que el Poder Ciudadano califique de falta grave las decisiones de la Sala Constitucional que fueron denunciadas por la Fiscal General de la República como “ruptura del orden constitucional”.

Ante estas demandas legítimas de nuestro pueblo, el gobierno ha desplegado una represión indiscriminada y sistemática contra la población civil haciendo uso irresponsable e ilegal de la fuerza. Son especialmente aberrantes los disparos de bombas lacrimógenas dentro de centros hospitalarios y de centros comerciales, el disparo de este tipo de bombas directo a las personas y el lanzamiento de estos artefactos desde helicópteros de los cuerpos de seguridad del Estado. Se ha registrado el uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Solo en Caracas se reportan más de 50 heridos, se han reportado 2 muertos en diferentes estados y el número de detenidos en el país asciende a 298 personas.

Todos los mecanismos de orden público deben ser compatibles con la protección y la garantía de los derechos humanos. Nuestra Constitución establece en su artículo 68, que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. El Estado tiene un límite que no puede transgredir y son los derechos humanos. No se pueden sacrificar los derechos humanos con el pretexto de restaurar el orden público.

Exigimos al gobierno en nombre de Dios: que cese la represión y la criminalización de las manifestaciones pacíficas mediantes las cuales el pueblo expresa su descontento y demanda cambios. Que cesen las detenciones arbitrarias y se cumpla el debido proceso y las garantías judiciales a todas las personas privadas de libertad en el marco de las manifestaciones recientes. Que suspenda de inmediato y se investigue de manera independiente y exhaustiva el lanzamiento de gases tóxicos y disparos de perdigones y armas de fuego contra los manifestantes, locales comerciales, centros de salud y vehículos, dado que estos actos configuran graves infracciones del derecho internacional y pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Al mismo tiempo pedimos a todas las personas que deseen ejercer su legítimo derecho a la manifestación, que lo hagan en el marco del respeto a las leyes y a los ciudadanos, evitando todo tipo de violencia que tergiversa los más nobles propósitos.

Reconocernos todos como hermanos, hijos de esta tierra, y recuperar la convivencia democrática es nuestro gran reto. Rogamos a Jesucristo puesto en cruz que su grito de dolor conmueva nuestras entrañas ante la violencia generalizada que está golpeando a nuestra gente.

Que Jesucristo Nazareno nos bendiga en este día en el que todo el país y especialmente la ciudad de Caracas agradecen su compañía misericordiosa.

Caracas, 12 de abril de 2017.

Francisco José Virtuoso, SJ

RECTOR

Encíclica Ex Cordie Ecclesiae, Juan Pablo II,

22/05/1984, No 1 Génesis 4, 9-10

Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela Ante las Decisiones del Tribunal supremo de Justicia de fecha 11 de abril del 2017