Incorporan aportes de académicos de la UCA a Ley de Trata de Personas

15 de junio del 2015

Convertirse en víctima de trata de personas es una situación que puede pasarle a cualquiera. La promesa de un trabajo con mejores condiciones económicas es uno de los atractivos que conquista a mujeres, en su mayoría, y hombres, que dejan sus países de origen y se aventuran a viajar a destinos que desconocen, sin mayor respaldo que la esperanza de un mejor futuro.

Nicaragua es un país catalogado como de origen y tránsito de personas. Por ello, la necesidad de una legislación específica para prevenir y sancionar este delito era inminente. En respuesta a ese vacío jurídico se formuló la Ley 896, Ley Contra la Trata de Personas, aprobada el 28 de enero y publicada el 25 de febrero de este año en La Gaceta y de la cual, la Universidad Centroamericana (UCA) formó parte de una comisión que participó del proceso de consulta del anteproyecto de la Ley.

Para la UCA el abordaje sobre este delito ha formado parte del quehacer académico, logrando trabajos monográficos presentados como forma de culminación de estudios de pregrado, destacó la MSc. Scarleth Palacios, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, quien además, por medio del Bufete Jurídico de la Universidad, desde el 2004, ha participado como miembro de la Coalición Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas, conformada por instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil.

En el 2010, la UCA ofreció el curso de actualización profesional “Cobertura Periodística en casos de trata de personas”, con apoyo de SavetheChildren y otras organizaciones, con el objetivo de aportar a la sensibilización sobre este tema en el gremio periodístico.

Las sugerencias de la UCA ante la comisión asignada por la Asamblea Nacional estaban dirigidas en fortalecer la articulación para la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos y la atención integral que deberían recibir las personas como sujetos sociales de derechos más que como sobrevivientes de este delito.

Greta Fajardo es Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG) de la UCA, quien en conjunto con otros tres especialista en ciencias sociales, integraron la comisión que aportó a la Ley.

Fajardo comentó que además de las sugerencias expuestas, la UCA también advirtió la necesidad de introducir referencias de tratados internacionales que ha subscrito Nicaragua, una terminología inclusiva y que la Ley amplíe su radio de acción respecto a la trata internacional. “Pero también nos esforzamos para que la Ley se visibilizara a lo interno con el fin de no naturalizar conductas de poder y subordinación que violenta los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres”, dijo.

Aunque no todas las recomendaciones realizadas por la comisión de esta Universidad fueron incorporadas en el documento final de la Ley, para Fajardo se lograron grandes avances centrados en los tratados internacionales y en la atención integral. “El principal reto se centra ahora en la asignación presupuestaria. Es decir, contar con fondos para la ejecución de todas las acciones que implica la Ley y trabajar en la sensibilización, priorizando las zonas fronterizas ya que es una de las áreas donde hay mayor ocurrencia del delito”.

“Génesis” fue víctima de este delito y en 2011 relató su historia al sitio informativo Conexionesde la UCA. El maltrato al que fue sometida en un prostíbulo en El Salvador, San Salvador,marcó un antes y un después en su vida. Por fortuna logró escapar y fue repatriada por la policía de ese país hacia Nicaragua. Ahora continúa su proceso de rehabilitacióny sólo a veces los recuerdos la atormentan.

Para las estadísticas, Génesis es un número entre los 1,400 casos de trata de personas con fines de explotación sexual y aproximadamente 500 caso con fines de explotación laboral que se reportan cada año en Nicaragua, de acuerdo con la información publicada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).